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LA GUERRA DE SECESIÓN AMERICANA: SUS CAUSAS PRINCIPALES

 

 

En este artículo vamos a examinar las principales causas que originaron la guerra de secesión americana, para lo que desarrollaremos un estudio general de las condiciones históricas que la hicieron posible y, sobre todo, abordaremos la trayectoria histórica de EEUU para dilucidar los factores decisivos que condujeron a esta guerra.

 

Introducción

 

Cuando es abordada una cuestión controvertida, como es la guerra de secesión americana y sus principales causas, es inevitable constatar que la historia como tal, y muy en particular la historia política, constituye un ámbito en el que son construidos relatos que obedecen a una intencionalidad política. Es de sobra conocida aquella frase que dice que la historia la escriben los vencedores, lo que tiene mucho de cierto. Y en el caso de EEUU nos encontramos ante un claro ejemplo de cómo el relato oficial que explica la guerra de secesión, y sobre todo sus causas, responde a los intereses políticos de quienes triunfaron en aquella contienda.

Lo anterior nos conduce irremisiblemente a plantearnos la cuestión de la verdad histórica y su relación con el poder. En lo que a esto respecta no podemos dejar pasar lo dicho por Michel Foucault acerca de la existencia de regímenes de verdad, y por tanto estructuras de poder que imponen su particular manera de interpretar la realidad para que los demás la entiendan de la misma manera. Así pues, Foucault afirmó lo siguiente: “La verdad es de este mundo; se produce en él gracias a múltiples coacciones. Y detenta en él efectos regulados de poder. Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su “política general” de la verdad: es decir, los tipos de discurso que acoge y hace funcionar como verdaderos o falsos, el modo cómo se sancionan unos y otros; las técnicas y los procedimientos que están valorizados para la obtención de la verdad; el estatuto de quienes están a cargo de decir lo que funciona como verdadero”.[1]

Foucault, entonces, puso de relieve la relación que existe entre saber y poder. Una relación tan antigua como la humanidad misma. Esta relación es la que produce formaciones discursivas a partir de las que se articulan los diferentes sistemas de conocimiento y de pensamiento en distintas épocas, los cuales establecen las condiciones subyacentes de lo que es verdad al determinar el modo en el que debe interpretarse la realidad. De esta forma el poder establece aquellas representaciones del mundo que crean en la sociedad una percepción de la realidad que se ajusta a sus intereses.

Por tanto, la historiografía oficial que se ha desarrollado en torno a las causas que provocaron la guerra de secesión responde a un discurso ideológico que obedece a los intereses de quienes salieron victoriosos en esa contienda, y que viene a legitimar y justificar el orden constitucional, político, social, ideológico y económico resultante. Como consecuencia de esto ha sido impuesta una verdad oficial que ha determinado el modo en el que deben ser entendidos los hechos que condujeron a esta guerra, y por tanto las causas que la propiciaron así como las consecuencias que se derivaron del triunfo del Norte sobre el Sur. Esto es lo que explica que en el imaginario popular, tanto en EEUU como fuera de este país, impere la creencia de que la razón fundamental de aquella terrible guerra fue la esclavitud. Todo esto no es sino el reflejo de una representación de este acontecimiento histórico que lo presenta como un conflicto fruto de las pretensiones abolicionistas del Norte que hicieron que el Sur no sólo se secesionase, sino que emprendiese una guerra contra la Unión para mantener un sistema esclavista. Esta tremenda simplificación ha hecho creer a muchos que a las fuerzas unionistas les movía la defensa de ciertos principios morales, lo que llevó al gobierno federal a combatir por la libertad de la población negra. En suma, el conflicto ha quedado reducido en gran parte a una guerra entre buenos y malos, tal y como ocurre con todos los relatos políticos que tratan de justificar o legitimar algo.

El sistema educativo, los libros de texto, la literatura especializada, los discursos políticos, los documentales, las autoridades académicas, las películas, los museos, etc., son los principales mecanismos a través de los que la historiografía oficial, o más bien un determinado régimen de verdad como diría Foucault, es socializada entre la población. Sin embargo, es hora de tomar cierta distancia con respecto a estos discursos que responden a una clara intencionalidad política que persigue legitimar los intereses del régimen que se implantó en EEUU tras la victoria unionista de 1865. Por este motivo resulta necesario hacer un análisis riguroso de las principales y más profundas causas que dieron origen a la guerra de secesión, para lo que es preciso remitirse a ciertos hechos de la historia de EEUU. Sólo de esta forma es posible contrastar la historiografía oficial con la realidad histórica que encubre.

Como rápidamente puede deducirse a partir de lo hasta ahora expuesto, la verdad no puede ser circunscrita única y exclusivamente a una cuestión de poder, o si se prefiere a una lucha política por el poder en la que son confrontados relatos diferentes. La verdad es un valor necesario, con entidad propia y que por ello mismo existe más allá de la voluntad de las personas. Pero además de esto la verdad es cognoscible pese a que en muchas ocasiones sea necesario un considerable esfuerzo para conocerla. Nos referimos a la verdad considerada como algo concreto y comprobable, y no a las verdades absolutas o abstractas. De esta manera, la verdad entendida en estos términos puede ser dilucidada al encontrar su fundamento en hechos contrastables que, dado su carácter, se encuentran más allá de la voluntad de quienes pretenden presentarlos de un modo diferente y conveniente para sus particulares intereses políticos. Por esta razón es tan importante la honestidad intelectual, y consecuentemente que la labor investigadora esté conducida por la voluntad de conocer verdad.

Así pues, las causas profundas que dieron lugar a la guerra de secesión no se circunscriben a hechos puntuales y aislados, sino que por el contrario constituyen momentos decisivos que, en combinación con otros acontecimientos, pusieron en marcha ciertos procesos que se desarrollaron en la historia de EEUU y que desembocaron en un conflicto armado entre el Norte y el Sur. Esto exige utilizar como método un estudio escalonado de la historia de EEUU que comience en la época colonial para dilucidar las bases políticas, sociales e ideológicas sobre las que se fundó este país y que marcaron su devenir en las décadas siguientes. De este modo es posible dilucidar, ya en las conclusiones finales, las principales causas de la guerra civil en su desarrollo histórico y el verdadero papel que la esclavitud jugó en todo ello.

 

El sistema político y social de la era colonial

 

El territorio de las colonias británicas en América, en lo que posteriormente serían los EEUU, se caracterizaron por ser una zona eminentemente rural y agrícola a pesar de que en la región de Nueva Inglaterra se estableció de modo relativamente temprano una red de ciudades costeras comerciales. En cualquier caso desde un principio la población americana, que constituía al menos 2 millones de súbditos británicos en 1760, estaba compuesta mayoritariamente por granjeros blancos que poseían sus propias tierras. La abundancia de tierras baratas y los excedentes que prodigaba la naturaleza crearon unas condiciones de relativa igualdad económica entre la población blanca. Las principales explotaciones eran la granja pequeña por un lado, y por otro las plantaciones de algodón y tabaco del Sur que producían para los mercados internacionales, todo lo cual dio lugar a la aparición de tres clases diferenciadas: los plantadores, los esclavos de las plantaciones y los granjeros quienes contaban con una elevada autonomía. Aunque el 40% de los blancos eran granjeros independientes también estaban los propietarios comunes, los pequeño burgueses compuestos por comerciantes, tenderos, artesanos y algunos trabajadores urbanos, mientras que en la base de la pirámide social estaba la plebe, compuesta de indios, esclavos negros y un número reducido de jornaleros e indigentes blancos.[2]

En la época colonial las diferencias entre el Norte y el Sur no eran pronunciadas, aunque ya entonces era perceptible un mayor grado de urbanización en las zonas costeras de Nueva Inglaterra en comparación con las colonias americanas del Sur. Pero más importante que esto fueron las condiciones políticas en las que se desarrollaron estas colonias. Su posición geográfica a casi 7.000 kilómetros de distancia de la metrópoli les dotaba de una considerable autonomía logística, a lo que hay que unir el disfrute de unas libertades civiles y políticas de facto debidas a dicha lejanía. Juntamente con esto estaba la política británica que, al estar interesada en extraer un provecho comercial, permitió un elevado margen de autonomía a las colonias. En la práctica existían varias autonomías descentralizadas al no haber existido nunca una colonia capital que centralizase los dominios británicos sobre el continente americano, del mismo modo que tampoco se dio una separación neta entre las colonias americanas de Nueva Inglaterra, el Canadá o el Caribe británico. Cada colonia contaba con su propio gobierno a través del que administraba sus propios asuntos gracias a la existencia de asambleas coloniales elegidas, como también ocurría con sus autoridades policiales y fiscales.

No cabe duda de que la elevada autonomía de estas colonias americanas constituyó la principal fuente ideológica del federalismo que posteriormente se desarrolló con el nacimiento de EEUU. Cada gobierno colonial desarrolló su propia legislación y con ello una particular tradición política con sus propias peculiaridades que obedecía en gran medida a las condiciones locales. A pesar de esto las asambleas coloniales estaban subordinadas a un gobernador que ejercía de representante de la corona inglesa y que contaba con amplios poderes, pues podía vetar leyes, disolver la asamblea y convocar una cámara alta o consejo legislativo en calidad de autoridad ejecutiva. Sin embargo, el gobernador no podía imponer su voluntad si no era a través de un acuerdo con los notables de la colonia. Esto último se debía sobre todo a que tanto el sueldo del gobernador como su personal y los jueces que operaban en las colonias eran determinados por los parlamentos coloniales. Así, el gobernador no era otra cosa que un negociador duro en un país extranjero que en la práctica era gobernado por parlamentos locales.[3]  Las colonias, por tanto, funcionaban como pequeños Estados que disponían de sus propios recursos fiscales, procesos judiciales y que tenían la capacidad de aprobar proyectos de ley. Sobre esto último cabe destacar que el parlamento británico sólo rechazó el 5% de las leyes de las asambleas coloniales.[4]

La autonomía colonial sirvió para preformar la cultura política americana y con ello la mentalidad confederal que marcaría posteriormente el ordenamiento constitucional de EEUU. En este sentido fueron determinantes dos factores: por un lado la tradición política que se desarrolló en cada una de las administraciones coloniales, y que tenía como fundamento la autonomía que se había establecido a partir de sus propias particularidades locales; y por otro lado las dimensiones geográficas del continente americano que para su gobierno hacían más aconsejable la adopción de un modelo confederal de Estado. Estos factores influyeron de manera decisiva en la vertebración del nuevo país, a lo que habría que añadir toda la tradición política liberal de origen inglés que impregnó al sistema constitucional estadounidense.

 

El orden constitucional de la nueva nación

 

La antigua administración colonial constituyó la base institucional sobre la que se formaron los Estados que se independizaron de la corona británica, y que de forma conjunta crearon una misma nación. Del mismo modo que los americanos en el pasado disfrutaron de una elevada autonomía trataron de preservarla en el futuro a través de la creación de una confederación. Si bien es cierto que la primera constitución americana respondía a las exigencias históricas del momento para ganar la guerra a Gran Bretaña y alcanzar la definitiva independencia, no dejaba por ello de reflejar el deseo de las poblaciones de las antiguas colonias de conservar su autonomía frente a cualquier gobierno o autoridad central.

Convención de Filadelfia en la que fue redactada la segunda constitución de EEUU

La dirección de la guerra de independencia, así como las relaciones diplomáticas con el resto del mundo, y muy especialmente con Europa, además de la necesidad de lidiar con cuestiones territoriales y las relaciones con los nativos americanos, hicieron necesaria la redacción de la primera constitución de EEUU. En 1777, por mandato del segundo congreso continental, se procedió a elaborar el nuevo texto. El modelo confederal adoptado implicó que los Estados miembros conservaban la mayor parte de los poderes, mientras que el gobierno central permanecía débil y limitado. Bajo los artículos de esta constitución los Estados retenían su soberanía sobre todas las funciones gubernamentales excepto aquellas a las que de manera explícita renunciaban al pasar a ser competencia del gobierno nacional. De hecho, el poder ejecutivo estaba conformado por un comité de los Estados cuyos integrantes eran nombrados por los parlamentos de los Estados miembros de la confederación, y que únicamente actuaban mientras el congreso estaba de vacaciones. En la práctica todas las funciones ejecutivas estaban bajo el control y la supervisión del propio congreso, y por extensión de los Estados.

La confederación como tal dependía en todo lo esencial de los Estados miembros tanto para la recaudación de fondos como para disponer de tropas en caso de conflicto. En la práctica no existían mecanismos que permitieran a la autoridad central hacer cumplir a los Estados los acuerdos tomados, y en ocasiones tampoco la propia constitución que con relativa frecuencia era trasgredida. Además, las decisiones debían ser tomadas por mayorías cualificadas de los Estados, y a veces era precisa la unanimidad. Pero también eran frecuentes los enfrentamientos entre los diferentes Estados, ya fuese por razones territoriales, comerciales o de otra índole. En muchos aspectos la constitución de la confederación guardaba más semejanza con un tratado internacional entre Estados soberanos que con una constitución nacional propiamente dicha.

Como consecuencia de las carencias que en el terreno gubernamental, especialmente en lo referente a impuestos y ejército, produjo la primera constitución americana pronto arreciaron las críticas que exigían cambios constitucionales que permitieran el establecimiento de un gobierno central fuerte que pusiera término a la crisis política en la que se sumió EEUU, sobre todo al final y después de la guerra de independencia. Esto significaba una autoridad superior a los Estados miembros que tuviese la capacidad de hacer cumplir las decisiones tomadas a nivel federal, y que al mismo tiempo dispusiese de las estructuras de poder precisas para desarrollar una política coherente en cuestiones comerciales, en relaciones internacionales, en materia fiscal, en defensa y en otros ámbitos. Una asociación de Estados soberanos con un gobierno central débil era considerada ineficaz para resolver los desafíos históricos a los que se enfrentaba la nueva nación, lo que a largo plazo podía amenazar su misma supervivencia ante las evidentes amenazas externas.

Por mandato del segundo congreso continental se convocó una convención constitucional que tenía como propósito inicial la reforma de la constitución de la confederación. Sin embargo, prácticamente desde el comienzo de la convención sus integrantes acordaron ir más allá del mandato del congreso y proceder a la redacción de un nuevo texto constitucional. A pesar de que hubo algunas dudas entre algunos de los asistentes acerca de la legalidad de esta forma de proceder, la convención continuó adelante y acordó la creación de un nuevo gobierno que tuviera todos los poderes del congreso de la confederación, así como poderes adicionales sobre los Estados.[5] Sobre la base de estos principios la convención trabajó en la redacción de la nueva constitución. Ya para entonces se percibieron las principales diferencias entre las elites estadounidenses en torno al modelo de Estado que concebían, lo que a la postre dio origen a dos facciones claramente diferenciadas como eran por un lado los federalistas, y por otro los anti-federalistas que más adelante constituyeron el partido demócrata-republicano.

Una vez terminada la convención, a finales del verano de 1787, ya se vislumbraron las principales diferencias que había entre algunos de sus participantes en materia constitucional, y por tanto sus divergentes puntos de vista acerca del modelo de Estado que concebían en cada caso. Al menos 13 delegados abandonaron la convención como resultado de su descontento con el borrador final del texto constitucional, de tal modo que no estuvieron presentes en la ceremonia final. De entre los delegados que permanecieron hasta el final de la convención tres de ellos se negaron a firmar la constitución: Edmund Randolph de Virginia, George Mason también de Virginia y Elbridge Gerry de Massachusetts. En última instancia únicamente 39 de los 55 delegados originales en la convención terminaron firmando la nueva constitución, pero incluso entre aquellos que la firmaron hubo quien manifestó abiertas dudas sobre el texto redactado, como fueron los casos de Nathaniel Gorham y Benjamin Franklin. Para entonces ya había una facción de la elite estadounidense que veía en la nueva constitución una amenaza para los derechos de los Estados y las libertades individuales al dotar al gobierno federal de unos poderes mayores.

Puede decirse que casi desde su mismo nacimiento los recién creados EEUU albergaban en su seno una división que giraba en torno al orden constitucional que debía regir los designios del país, lo que no tardó en denotar modelos de Estado contrapuestos que, a su vez, descansaban sobre interpretaciones divergentes de la constitución. En cualquier caso cabe decir que la facción disidente manifestó una importante resistencia a renunciar a la autonomía local que había sido conquistada durante la guerra de independencia. De hecho, los anti-federalistas veían en las esperanzas de la facción federalista por el crecimiento comercial y el prestigio internacional la codicia de unos hombres ambiciosos que perseguían la construcción de un imperio, lo que a la larga, con la creación de un gobierno central reforzado y consolidado, conduciría a la opresión del pueblo con impuestos, conscripciones y campañas militares. En última instancia esta facción disidente veía en los poderes ampliados del gobierno federal una amenaza para los derechos y libertades del pueblo.[6]

El nuevo gobierno constitucional con sus amplios poderes para recaudar impuestos, la autoridad del congreso para aprobar cualquier ley “necesaria y adecuada” para cumplir con sus poderes, el rol del presidente como comandante en jefe, además de los poderes del gobierno federal para acordar tratados internacionales, junto a otras prerrogativas constitucionales, aparecían ante los ojos de los principales disidentes políticos como potencialmente tiránicos y libres de cualquier obligación. Esto hizo que las principales metas de los anti-federalistas fueran retirar algunos de los poderes cedidos expresamente al gobierno federal, y en la medida de lo posible restringir los poderes restantes mediante un sistema de pesos y contrapesos. Puede decirse que en esta facción predominaba el miedo hacia un poder centralizado que tendía a convertirse en un poder impersonal y arbitrario. En contraposición a lo que estos líderes americanos concebían como un gobierno tendencialmente despótico, el modelo de Estado que manejaban se correspondía con el ideal de una pequeña y bucólica república en la que ciudadanos virtuosos y autónomos gestionasen sus propios asuntos a nivel local y rehuyeran el poder y la gloria del imperio. Para este grupo de políticos el triunfo de la revolución americana no significaba una oportunidad para convertirse en una rica potencia mundial, sino más bien la oportunidad para alcanzar una genuina política republicana lejos de la avaricia, la sed de poder y la tiranía que generalmente ha caracterizado a la sociedad humana y que identificaban con el proyecto federalista.

Las ambiciones federalistas de crecimiento comercial, expansión hacia el Oeste, incremento del poder nacional y una diplomacia mundial efectiva eran vistas por personajes como Patrick Henry, George Mason y Thomas Jefferson entre otros como un intento por crear y consolidar un gran gobierno que aspirase a un imperio universal. Todo esto era contra lo que la revolución americana había luchado al haber intentado erradicar el imperialismo y despotismo que encarnaba Gran Bretaña. Estos planteamientos federalistas entraban en directa contradicción con el ideal de país que manejaban los anti-federalistas para quienes el gran proyecto que inauguró la revolución era el establecimiento de una sociedad en la que hombres y mujeres virtuosos, trabajadores y honestos, simplemente vivirían en sus propias comunidades, disfrutarían de sus familias y de sus vecinos, se entregarían al bien común y tendrían tantas iglesias, colegios, asociaciones y gobiernos locales como necesitasen para mantener sus valores y alcanzar sus propias metas.

El carácter centralizador de la nueva constitución, y por extensión del nuevo sistema político con su gobierno federal, se manifiesta claramente en el hecho de que, a diferencia de la primera constitución en la que eran los Estados los que formaban la Unión, se hace referencia al pueblo como ente homogéneo que pasaba a ser el sujeto constitutivo del país. A ojos de los anti-federalistas esto era visto como un menoscabo a los derechos de los Estados, y con ello la instauración de un orden constitucional que se basaba en unos principios perniciosos y peligrosos para las libertades tanto de los Estados como de la sociedad. Desde este punto de vista se renunciaba a los derechos y privilegios establecidos por la revolución americana, así como a la soberanía de los Estados. Con esta constitución, según los anti-federalistas, se renunciaron a las conquistas que se habían llevado a cabo con la revolución.[7]

La ratificación de la nueva constitución se llevó a cabo no sin oposiciones y una fuerte lucha política entre quienes abogaban por dotar al gobierno central de poderes adicionales, los federalistas, y aquellos que veían en el nuevo texto una violación de los derechos de los Estados además de una amenaza para las libertades individuales. La ratificación fue llevada a cabo tras agrias discusiones y luchas políticas en 11 de los 13 Estados, y sólo en 1790 Carolina del Norte y Rhode Island procedieron a su ratificación de tal forma que hasta entonces permanecieron fuera de la Unión. Tampoco hay que pasar por alto el hecho de que en las declaraciones de ratificación de los Estados de Nueva York, Virginia y Rhode Island se utilizó un lenguaje en el que dichos Estados se reservaban el derecho a abandonar la Unión en caso de que se considerasen perjudicados por el nuevo acuerdo constitucional. En el caso de Virginia dicha reserva que era recogida en la ratificación quedó expresada de la siguiente manera: “|…| el pueblo de Virginia declara y hace saber que los poderes concedidos bajo la constitución derivan del pueblo de los Estados Unidos y pueden volver a ser asumidos por él en cualquier momento en el que sean pervertidos para su perjuicio u opresión, y que cualquier poder no cedido permanece con él y a su voluntad |…|”.[8]

A finales del s. XVIII estaba bastante extendida la interpretación de que aquellos poderes que no habían sido cedidos expresamente al gobierno federal permanecían en los Estados miembros. Por tanto, el gobierno federal no disponía de ningún poder que no estuviera recogido en la constitución, y por ello tampoco podía llevar a cabo ninguna iniciativa que no fuera autorizada de un modo expreso por la constitución. Los Estados conservaban así su soberanía y con ello sus respectivos derechos, lo que incluía la posibilidad de secesionarse de la Unión si así lo decidían. En lo que a esto respecta la nueva constitución contrastaba con la antigua en el hecho de que esta última hacía referencia en el preámbulo a una Unión perpetua entre los Estados, mientras que la constitución de 1787 se refiere a una Unión más perfecta. Esta novedad dio pie a diferentes interpretaciones entre las que se encontraban aquellas que consideraban legítimo que un Estado, en el pleno ejercicio de su soberanía, pudiera abandonar la Unión. Parte de esta falta de certeza se debía no sólo a una cuestión de redacción en la que unas palabras fueron cambiadas por otras, sino en el simple hecho de que técnicamente la nueva constitución era una reforma de los artículos de la confederación pero cuya ratificación no siguió el procedimiento establecido por aquellos, que exigía la unanimidad de los Estados, sino que se llevó a cabo siguiendo el procedimiento establecido en el nuevo texto. Este hecho suscitaba ciertas dudas acerca de en qué medida la constitución era una reforma de la anterior, o por el contrario un texto completamente nuevo que no guardaba continuidad con aquella. Sólo después de la guerra civil, en 1869, el tribunal supremo de EEUU sentenció en el caso de Texas contra White que sólo una Unión más perfecta es posible sobre la base de una Unión perpetua.

Los federalistas, con Alexander Hamilton, James Madison y John Jay a la cabeza, desaprobaban que los Estados se reservasen el derecho a retirarse de la Unión ya que significaba una ratificación condicional, mientras que los acuerdos constitucionales se basan en la reciprocidad lo que exigía necesariamente la adopción de la constitución en su totalidad y para siempre. El propio John Jay llegó a decir que el derecho a abandonar la Unión era inconsistente con la constitución y que no podía considerarse una ratificación. Incluso George Washington, quien tenía unas manifiestas simpatías hacia el partido federalista, en su discurso de investidura se refirió a una “Unión indisoluble”, e igualmente en su discurso de despedida del cargo afirmó que la Unión era perpetua y urgió a los estadounidenses a mantenerla. Pero nada de esto impidió que desde 1830 hasta la guerra civil la naturaleza de la Unión fuera acaloradamente debatida.

Como consecuencia de los agrios debates políticos que suscitó la ratificación de la nueva constitución, así como de las presiones ejercidas por los propios anti-federalistas, en 1789 James Madison propuso en el congreso de los EEUU una serie de enmiendas a la constitución que implicaban una serie de salvaguardias y garantías para los derechos y libertades individuales, así como una serie de limitaciones a los poderes del gobierno federal. De hecho cabe decir que ya durante la convención celebrada en Filadelfia que redactó la nueva constitución uno de los delegados por Virginia, George Mason, sugirió la inclusión de un Bill of Rights al comienzo del texto constitucional, mientras que Elbrige Gerry de Massachusetts propuso una moción formal sobre esta cuestión que fue debatida, votada y derrotada. En aquel momento el propio Madison votó contra el Bill of Rights al considerar que únicamente representaría un cúmulo de barreras que sólo ofrecerían una ilusoria protección contra la tiranía.[9] James Wilson, delegado por Pensilvania, posteriormente argumentó que el acto de enumerar los derechos del pueblo habría sido peligroso pues ello habría implicado que no existirían aquellos derechos que no hubieran sido mencionados explícitamente. El propio Alexander Hamilton se hizo eco de este argumento en The Federalist Nº 84.[10] Debido a que tanto Mason como Gerry habían emergido como oponentes de la nueva constitución su moción, que fue introducida 5 días antes de que finalizase la convención, posiblemente pudo haber sido tomada por los restantes delegados como una táctica dilatoria y por ello rechazada con bastante rapidez.[11] Sin embargo, la rapidez con la que fue rechazada esta moción sólo sirvió para amenazar y dificultar el proceso de ratificación de la nueva constitución.

Los anti-federalistas consideraban que la constitución confería al gobierno federal una autoridad indefinida y extensa, lo que exigía una declaración de derechos que restringiera dichos poderes para impedir de este modo cualquier abuso.[12] Los federalistas, por su parte, estaban en contra de la inclusión del Bill of Rights tanto por las incertidumbres que podía producir el procedimiento de aprobación, como por una cuestión de principios al entender que la constitución misma era un Bill of Rights, por lo que según Hamilton el pueblo no entregaba sus derechos lo que hacía innecesario el establecimiento de ningún tipo de reserva. James Madison, quien también se opuso a la introducción de dichas cláusulas, consideraba que los gobiernos de los Estados eran suficiente garantía para la protección de las libertades individuales.[13] En contra de este punto de vista Patrick Henry sostenía que el congreso debía estar informado del alcance de los derechos retenidos por el pueblo, pues en una situación de incertidumbre el propio pueblo asumiría más poderes que aquellos a los que renunciaría de modo implícito.

La importante oposición a ratificar la nueva constitución americana que existía en aquel momento entre la clase política estadounidense sirvió para forzar el compromiso de vincular las ratificaciones de los Estados a la propuesta de enmiendas. Esto es lo que ocurrió en Massachusetts pero también en Virginia y en Nueva York.[14] Por ejemplo, el comité de la convención de Virginia, encabezado por el profesor de derecho George Wythe, remitió al congreso de los EEUU al menos 40 enmiendas a la constitución, 20 de ellas enumeraban los derechos individuales mientras que las 20 restantes enumeraban los derechos de los Estados entre los que se encontraban recogidas ciertas limitaciones a los poderes federales en materia fiscal y en la regulación del comercio.[15] En general existía el convencimiento entre los diferentes Estados de que después de la ratificación de la constitución le seguiría el establecimiento de un Bill of Rights que restringiera el margen de acción del gobierno federal.

Curiosamente el federalista James Madison fue el encargado de proponer, y más tarde redactar, el Bill of Rights en el congreso de los EEUU. En gran parte esto se debió a que Madison se presentó a las elecciones del congreso por un distrito electoral en Virginia donde existía una considerable oposición a la constitución. En este contexto Madison decidió en su campaña electoral prometer la introducción de enmiendas a la constitución que implicasen el establecimiento de un Bill of Rights. Al parecer esto fue decisivo para que Madison ganase el acta de congresista por dicho distrito. De este modo pudo aprovechar el clima político que entonces existía entre diferentes sectores de la elite política estadounidense para impulsar la reforma de la constitución, ya que distintas personalidades estaban hasta cierto punto insatisfechas con el resultado final de la convención de Filadelfia, aunque prácticamente todos ellos coincidían en que dicha reforma no debía ir más allá de proveer de garantías adicionales a los derechos y libertades individuales. Así, la redacción del Bill of Rights fue hecha bajo la inspiración de la declaración de derechos de Virginia además de haber incorporado las aportaciones de diferentes Estados, todo lo cual significó la introducción de importantes limitaciones a los poderes del gobierno federal.

La décima enmienda fue decisiva en lo que se refiere a los derechos de los Estados ya que estableció que el gobierno federal únicamente posee aquellos poderes que han sido cedidos por la constitución de los EEUU, mientras que los restantes poderes permanecen en manos de los Estados y del pueblo. Esta enmienda significaba la afirmación del carácter federal tanto del sistema político estadounidense como de la estructura organizativa y territorial del conjunto de la república. No cabe duda de que esta enmienda era un eco muy claro de uno de los artículos de la constitución de la confederación en el que se recogía que cada Estado retenía su propia soberanía, libertad e independencia, así como todo poder, jurisdicción y derecho que no hubiese sido delegado expresamente al gobierno de los EEUU. Sin embargo, en la décima enmienda únicamente se hace referencia a los poderes delegados a los EEUU, y no a los poderes expresamente delegados. En lo que a esto respecta tanto Thomas Tudor Tucker, de Carolina del Sur, y Elbridge Gerry, de Massachusetts, propusieron de forma separada enmiendas similares en las que hacían referencia a los poderes expresamente delegados al gobierno federal, lo que habría negado la teoría de los poderes que se dan por supuestos en la constitución. Pero el propio James Madison se opuso a estas enmiendas al afirmar que resultaba imposible confinar al gobierno al ejercicio de unos poderes expresos ya que tenían que ser admitidos como necesarios aquellos poderes que se derivan de los que están recogidos en la constitución. Finalmente la palabra “expresamente” no apareció en la décima enmienda.

James Madison

Como consecuencia de lo anterior se desarrollaron diferentes corrientes en la interpretación de la constitución que en cada caso respondían a intencionalidades políticas distintas, y consecuentemente a diferentes formas de entender la naturaleza de la Unión y el modelo de Estado. Mientras los federalistas afirmaban que existen unos poderes que se derivan de aquellos otros poderes expresamente citados en la constitución, los cuales son necesarios y adecuados para la ejecución de aquellos poderes, los anti-federalistas afirmaban que el gobierno federal únicamente podía ejercer aquellos poderes que estaban expresamente recogidos en la constitución dado que los restantes recaían en los Estados miembros de la Unión. Esto generó una serie de disputas políticas y de debates constitucionales que se extendieron durante la primera mitad del s. XIX hasta llegar a la guerra de secesión, y que se reducía a determinar el alcance de los poderes del gobierno federal frente a los Estados así como de esclarecer cuáles eran los derechos de los Estados en relación a la Unión.

La interpretación constitucional de los poderes implícitos llevada a cabo por los federalistas fue expresada por Alexander Hamilton cuando se procedió a la creación del primer banco central de los EEUU. Así, según Hamilton los deberes del gobierno implican el derecho al uso de los medios adecuados para sus fines. Aunque el gobierno de EEUU era constitucionalmente soberano, en relación a ciertas cuestiones resultaba imposible definir todos los medios que debería utilizar, con lo que de ello se derivaban unos poderes instrumentales que no estaban expresamente citados en la constitución. Debido a que los fundadores de los EEUU no podían anticipar las futuras exigencias de la nación estos poderes implícitos constituían una necesidad en la medida en que permitían la realización de los fines que establecía la constitución. Esta interpretación se basaba en lo recogido en el preámbulo de la constitución acerca del bienestar general, pero sobre todo en la denominada cláusula necesaria y adecuada que aparece en la octava sección del primer artículo, la cual autoriza al congreso a aprobar aquellas leyes que sean necesarias y apropiadas para ejercer los poderes de los que el gobierno federal está investido por la propia constitución. De hecho este principio se vio confirmado por el tribunal supremo en 1819 en McCulloch contra Maryland, sentencia con la que el juez Marshall confirmó la constitucionalidad de la ley que dio origen al Segundo Banco de los Estados Unidos.[16] Para los federalistas esta cláusula era la que permitía que la constitución no fuera letra muerta, mientras que para los anti-federalistas significaba la cesión al gobierno federal de un poder sin límites.

Alexander Hamilton

En otro lugar no menos importante está la cláusula constitucional que establece la supremacía de la propia constitución y de las leyes de EEUU, al mismo tiempo que obliga a los jueces de todos los Estados a observarlas del mismo modo que deben hacerlo las leyes y constituciones de los diferentes Estados. Naturalmente se entendía que las leyes creadas a nivel federal ostentaban esta supremacía mientras no fueran contrarias a la constitución, y los actos del gobierno federal vinculan a los Estados únicamente en la ejecución de aquellos poderes que le fueron delegados. Pero la constitución de EEUU no establece con claridad a quién le corresponde el control judicial de la constitucionalidad de las leyes y de los actos del poder ejecutivo, de forma que históricamente esta labor ha recaído en el conjunto del poder judicial para más tarde pasar a ser una prerrogativa casi exclusiva del tribunal supremo. De todas formas el carácter de la constitución como ley suprema de los EEUU quedó confirmada en la sentencia del tribunal supremo en el caso de Marbury contra Madison en 1803. De manera que en caso de contradicción entre las leyes de los EEUU, los actos del poder ejecutivo federal o las leyes y constituciones estatales, es la constitución de EEUU la que prevalece.

Las diferencias entre federalistas y anti-federalistas, o si se prefiere entre el gobierno federal y los Estados, se manifestó igualmente en el terreno judicial en el que las resoluciones de los tribunales de los Estados eran firmes, y por ello no reconocían al tribunal supremo de los EEUU ninguna capacidad para ejercer un control judicial sobre las mismas. Esta argumentación se basaba en que la constitución de EEUU no daba ninguna autoridad al tribunal supremo para controlar las decisiones de los tribunales de los Estados. Pero el tribunal supremo terminó desechando esta argumentación con las sentencias de Martin contra Hunter’s Lessee de 1816 y la de Cohens contra Virginia de 1821, en las que afirmaba que tenía jurisdicción para atender todos aquellos casos surgidos bajo la constitución o las leyes de EEUU, además de disponer de jurisdicción de apelación en tales tipos de casos. Esto hizo que el tribunal supremo tuviera desde entonces la última palabra en materia de legislación federal, incluyendo la interpretación constitucional de las leyes aprobadas por el congreso y las acciones del poder ejecutivo, además de poder anular las decisiones de los tribunales de los Estados.

 

Proyectos nacionales divergentes

 

La existencia de un Estado requiere, asimismo, la existencia de un proyecto nacional que conduzca el desarrollo histórico, social, político y económico de este país. Esto nos recuerda, por un lado, el carácter dinámico que en el contexto de la modernidad adoptaron los Estados al volcar sus aspiraciones hacia el futuro de cara a realizar un determinado designio o misión. Esto tiene, a su vez, mucho que ver con el propio contexto internacional en el que se desenvuelve un Estado, y en el que se ve obligado a relacionarse con otros países y a competir con ellos. Estas circunstancias tan propias de la modernidad, aunque no exclusivas, son las que han permitido conceptualizar la comunidad política, esto es, el Estado-nación, como una  entidad dinámica orientada por un proyecto nacional determinado. Todo esto nos recuerda la noción de nación política esbozada en su momento por Ortega y Gasset en la que esta es una construcción humana, que parte de la voluntad, y que está orientada hacia el porvenir al constituir un proyecto.[17]

Sin embargo, la construcción nacional de EEUU fue un proceso que estuvo cargado de contradicciones internas debido a las divergencias que existían en el seno de la elite dirigente en torno al proyecto de país que querían, y consecuentemente la naturaleza de la Unión. Esto es de vital importancia si quiere entenderse cabalmente la evolución inicial de EEUU y, sobre todo, el desencadenamiento de la guerra de secesión. De hecho, todas estas divergencias estuvieron presentes en el mismo origen del nuevo país como así se refleja en las distintas maneras de interpretar la constitución. Por este motivo son claramente identificables dos facciones perfectamente diferenciadas y opuestas que defendían proyectos políticos nacionales distintos. Si los federalistas se agruparon inicialmente en torno al partido federalista los anti-federalistas, por su parte, lo hicieron alrededor del partido demócrata-republicano. Así, las diferencias existentes entre los distintos modelos de gobierno constitucional que manejaba cada partido se trasladaron al terreno de la lucha política por el control de las instituciones federales. Estas mismas diferencias se plasmaron en distintas actuaciones tanto del gobierno federal como de los Estados miembros, así como en declaraciones de figuras políticas relevantes, etc., que se desarrollaron a lo largo de la primera mitad del s. XIX en un contexto en el que EEUU sufrió importantes transformaciones a distintos niveles.

A finales del s. XVIII se produjeron las resoluciones políticas de Kentucky y Virginia que fueron elaboradas por Thomas Jefferson y James Madison. Los principios declarados en dichas resoluciones, y que más tarde serían conocidos como los principios del 98 por haber sido emitidas en 1798, afirmaban que los Estados pueden juzgar la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el congreso de los EEUU así como las acciones del poder ejecutivo. En el caso de la declaración de Kentucky se afirmaba que cada Estado individualmente tiene el poder para declarar inconstitucionales y nulas las leyes federales. Asimismo, dicha declaración señalaba que cuando los Estados determinan que una ley es inconstitucional la anulación de la misma por dichos Estados es el remedio adecuado. En el caso de la resolución de Virginia se afirmaba que los Estados tienen el derecho a interponerse entre el gobierno federal y el pueblo para evitar el daño que provocarían leyes inconstitucionales, y juntamente con esto contemplaba la posibilidad de acciones conjuntas de los Estados. Esto ha hecho que algunos historiadores hayan resaltado la influencia ejercida por estas resoluciones entre las principales causas que originaron la guerra civil americana.[18]

Thomas Jefferson

Las declaraciones citadas muestran una forma de entender la naturaleza de la constitución, y por tanto el modelo de Estado representado por ella, sobre la base de un acuerdo entre Estados. Esta premisa es la que sustenta el principio de que el gobierno federal no tiene el derecho a ejercer aquellos poderes que no le han sido expresamente delegados. Por este motivo los actos del gobierno federal pueden ser declarados inconstitucionales por los Estados, y del mismo modo las leyes del congreso. A esto se sumaba el rechazo a que las instancias federales se estableciesen como juez entre los Estados miembros, ya que desde este punto de vista ello implicaba que el gobierno federal se constituyese en el juez último sobre el alcance de los poderes que constitucionalmente le han sido delegados, lo que inevitablemente le llevaría a actuar de modo discrecional y a asumir poderes que no le corresponden. Por tanto, los Estados, según esta teoría constitucional, mantenían el derecho a declarar nulas y sin efecto en sus respectivos territorios aquellas leyes y actuaciones del gobierno federal que considerasen inconstitucionales.[19]

Lo anterior implicaba igualmente que los Estados no sólo pudiesen anular los actos del congreso y del gobierno de los EEUU, sino también las decisiones del tribunal supremo. Para justificar esto James Madison se basaba en el hecho de que el departamento judicial puede ejercer y sancionar poderes que van más allá de los concedidos por la constitución, de forma que el derecho último de las partes para juzgar si la constitución ha sido violada se extiende a las violaciones efectuadas por alguna autoridad delegada como es el caso de la judicial. Los tribunales federales, por tanto, sólo son el último recurso en relación a otros departamentos federales y no en relación a los derechos de las partes del pacto constitucional de las que proceden los poderes que detentan los tribunales. Por esta razón el tribunal supremo dejaba de ser la máxima autoridad para determinar la constitucionalidad de las leyes aprobadas y de las acciones del ejecutivo, siendo los Estados miembros quienes detentaban dicha prerrogativa.[20]

Resulta indudable que las resoluciones de Kentucky y Virginia tuvieron unas vastas y profundas consecuencias en cuestiones constitucionales que se plasmaron en diferentes acontecimientos históricos a los que nos referiremos dentro de poco. Pero en cualquier caso ya se desprende claramente que una facción de la elite política americana seguía concibiendo EEUU como una confederación de Estados, y no como una Unión en la que el gobierno federal detentaba la autoridad suprema sobre cuestiones nacionales en materia legislativa, ejecutiva y judicial. Independientemente de todo esto a principios del s. XIX ya se percibían claras diferencias entre el Norte y el Sur de los EEUU, todo ello a pesar de que en diferentes Estados del Norte habían pervivido con fuerza ciertas posturas anti-federalistas. Sin embargo, los cambios que operaron durante esta época afectaban más a la sociedad y a la economía que a las propias instituciones. Ya en este período se hizo sentir rápidamente el influjo industrializador de Gran Bretaña, el cual se manifestó sobre todo en las zonas urbanas y costeras del Norte de los EEUU.[21]

Aunque EEUU había sido hasta finales del s. XVIII un país eminentemente rural compuesto mayoritariamente por granjeros hacendados, ya a principios del s. XIX estaba en marcha la industrialización del país en las regiones del noreste. En lo que a esto respecta hay que decir que se pasó progresivamente de una industria artesanal a una industria mecanizada, lo que inevitablemente transformó la mano de obra y consecuentemente la forma de producir. En las ciudades del Norte se produjo, gracias a las condiciones geográficas existentes combinadas con las inversiones hechas por elementos capitalistas y la abundancia de mano de obra fruto de la inmigración, la implantación de una importante industria manufacturera en torno a Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y sus respectivos satélites.[22] Estas ciudades se convirtieron en centros manufactureros del país, lo que estuvo combinado con su posición geográfica al ser también centros comerciales conectados con las principales rutas transoceánicas. Todo esto permitió que se desarrollase el sector financiero con la aparición de diferentes bancos a escala estatal.[23]

El Sur, en cambio, se caracterizaba por ser un medio agrícola y rural cuya base económica recaía fundamentalmente en las grandes plantaciones de algodón y tabaco que eran trabajadas por esclavos de origen africano, de tal modo que su producción era posteriormente exportada a los mercados internacionales donde era vendida. Los Estados sureños dependían mucho de las manufacturas procedentes del exterior al carecer de industria. El poder económico estaba en manos de una oligarquía latifundista que, a su vez, también controlaba la política debido a que para ser un cargo electo o funcionarial en la mayoría de Estados del Sur era necesario poseer cierta cantidad de esclavos.[24] Por otro lado las diferencias sociales eran más acusadas en esta región, y no sólo entre negros y blancos sino también entre los propios blancos debido a que el 25% de estos eran propietarios de esclavos, lo que les convertía en la clase económica y política dirigente, mientras que el 75% restante de la población blanca eran granjeros que vivían en un régimen de autoabastecimiento. Esto último es un claro indicador de que difícilmente la esclavitud pudo ser el principal motivo que empujó a los blancos del Sur a luchar contra los Estados del Norte.

A principios del s. XIX puede observarse la formación de las principales alianzas entre diferentes grupos sociales y económicos y las más importantes facciones políticas de la elite estadounidense. En este sentido puede apreciarse una cierta correspondencia entre las diferencias geoeconómicas que existían en los EEUU y los distintos partidos políticos. Un Norte cada vez más industrial, comercial y eminentemente urbano tenía en los federalistas su partido de referencia, y por otro lado un Sur rural, agrícola y tradicional tenia su principal referente político en los líderes del partido demócrata-republicano. Ambos partidos representaban tradiciones políticas distintas que tenían su origen prácticamente en el nacimiento de EEUU, y que en cada caso planteaban proyectos políticos que reflejaban modelos de Estado diferentes. Así, los federalistas, con Alexander Hamilton a la cabeza, contaron desde el principio con el respaldo de grandes banqueros y comerciantes, además de destacados industriales, al mismo tiempo que abogaban por un gobierno central fuerte e intervencionista para promover el crecimiento económico, la implantación de un banco central, el establecimiento de medidas proteccionistas para favorecer el desarrollo de la industria, y en el terreno internacional mantener unas buenas relaciones con Gran Bretaña al ser visto como un aliado natural de EEUU.[25] Los dirigentes del partido demócrata-republicano encabezado por Thomas Jefferson eran apoyados por las oligarquías sureñas cuyo poder era de tipo latifundista, pero también eran apoyados por los granjeros blancos. Esta facción política, que asumía los denominados principios del 98, concebía EEUU como una confederación con un gobierno central limitado y unos Estados que se reservaban la mayor parte de los poderes. En lo económico eran favorables al mercantilismo, al libre comercio, al laissez-faire y al uso de oro y plata como moneda de cambio. Y en el terreno internacional eran hostiles a Gran Bretaña al mismo tiempo que muchos de ellos fueron francófilos.

Como vemos, las condiciones sociales, económicas e incluso geográficas contribuyeron de manera considerable a desarrollar, a su vez, unas condiciones políticas que implicaron la existencia de proyectos nacionales divergentes en el seno de la elite estadounidense. No existía, entonces, un acuerdo sobre cómo debía ser el desarrollo político, constitucional e histórico de la nueva nación. Sin embargo, esta imagen sería del todo incompleta si no incluyéramos una variable igual de importante que las antes señaladas. Nos referimos concretamente al papel desempeñado por la esfera internacional en la medida en que la presión de la estructura de poder internacional operó a través de las condiciones internas de EEUU, y puso en marcha una serie de cambios internos dirigidos a garantizar no sólo su seguridad sino también un lugar entre las grandes potencias del momento.

En relación a lo anterior nos encontramos con que la guerra que EEUU mantuvo con Gran Bretaña en 1812 desempeñó un papel fundamental en el posterior desarrollo histórico de este país, y sobre todo en la transformación de sus instituciones y en el desencadenamiento de una serie de procesos que desembocarían en la guerra de secesión. Así, la derrota ante Gran Bretaña en esta guerra fue un acontecimiento de una importancia crucial debido a que puso de manifiesto la vulnerabilidad y debilidad internacional de EEUU. Prueba de esto es que EEUU no sólo fue derrotado, sino que sufrió una humillación nacional debido a que las tropas británicas llegaron a tomar la capital del país y saquear e incendiar la Casa Blanca. Como consecuencia de esta derrota se puso de relieve la necesidad de que el país se dotase de una base material lo suficientemente grande como para poder garantizar su supervivencia y proteger sus intereses. Es por esto que la guerra de 1812 sirvió para poner en marcha el denominado “American system” impulsado durante la presidencia de John Quincy Adams y cuyos máximos exponentes políticos fueron Henry Clay, John Calhoun y Daniel Webster. Este programa nacional perseguía el desarrollo y crecimiento económico necesarios para apuntalar el poder del gobierno federal, tanto en la esfera doméstica como en la exterior. En lo más fundamental consistió en una política mercantilista dirigida a industrializar el país a escala nacional por medio del establecimiento de medidas proteccionistas, el uso de fondos federales para financiar infraestructuras que facilitasen el desarrollo del mercado interior, y la creación de un banco central para promover el comercio, proveer de crédito al gobierno federal, y servir como nexo de unión en un sistema financiero disperso y fragmentado.[26]

La Casa Blanca en llamas en la guerra de 1812

Las necesidades estratégicas de EEUU exigían, por tanto, la industrialización, y esto no era posible en el marco de un sistema de gobierno relativamente descentralizado y dividido, en el que el poder era compartido por los Estados y el gobierno federal. Asimismo, la existencia de unos territorios en el Oeste, poblados por comunidades rurales autogobernadas y autoabastecidas, tampoco era compatible con el proceso de colonización en curso impulsado por las elites, y sin un gobierno central fuerte no era posible poner fin a esta situación. Por todo esto era preciso fortalecer al gobierno federal, lo que exigía la puesta en marcha de un proceso de centralización política para llevar a cabo una redistribución del poder que desposeyese a los Estados de sus derechos y poderes, sometiese a la oligarquía sureña, culminase la colonización del Oeste y elevase a EEUU a la condición de potencia internacional en lo económico y posteriormente en lo político y militar.

Por tanto, las necesidades internacionales de seguridad se combinaron con los desequilibrios internos ya existentes, de manera que la presión del medio exterior operó a través de las condiciones internas de EEUU hasta el punto de provocar la guerra de secesión. Esto se vio reflejado en los proyectos nacionales que defendió cada facción de la elite estadounidense. En lo que a esto se refiere los federalistas tenían clara la importancia de contar con un gobierno federal fuerte y centralizado si querían que EEUU se convirtiese en una potencia mundial. Pues la industrialización y la política mercantilista no podían llevarse a cabo con éxito sin contar con los instrumentos políticos e institucionales precisos, lo que conllevaba una redefinición de la naturaleza de la Unión conforme a dicho proyecto nacional, y consecuente un modo específico de interpretar la constitución. Así pues, era imprescindible que el gobierno federal ostentase la supremacía política y legal sobre los Estados miembros, pues sólo así podría llevarse a cabo la expansión territorial en el continente y la implementación de medidas dirigidas a una progresiva modernización del país con el desarrollo de la industria y del comercio.

El proyecto político de los federalistas estaba concebido, entonces, para competir con éxito frente a Gran Bretaña a través del desarrollo de una poderosa industria manufacturera y de un pujante comercio internacional. Con este propósito fue puesto en marcha el mencionado American system, que era, en definitiva, una forma de impulsar la industria nacional a través de leyes proteccionistas con las que se garantizó un mercado nacional a las empresas manufactureras del Norte.[27] De esta manera lo que se pretendía era facilitar un desarrollo autocentrado de la economía e industria estadounidense a una escala nacional, ya que al mantenerla libre de los ataques económicos extranjeros podría mantener la productividad y la financiación dentro del propio país. Con los ingresos de los aranceles se financiaron los proyectos federales para la construcción de infraestructuras con fines comerciales y militares, lo que se concretó en la creación de canales y carreteras.[28]

No hay que olvidar que pese a que la guerra de 1812 fue un detonante del American system, este programa nacional no surgió de la nada sino que previamente había sido sugerido. Nos referimos concretamente a la propuesta hecha en 1808 por el secretario del Tesoro Albert Gallatin. Si bien es cierto que no fue hasta 1818 que comenzó a materializarse el American system con la construcción de una carretera nacional que unió Cumberland, en Maryland, con Wheeling en Virginia.[29]  En décadas siguientes se construyeron diferentes canales y carreteras que interconectaron la costa Este de los EEUU además de enlazar con la región de los Grandes Lagos, como fue durante la presidencia de John Q. Adams.[30] En 1840 había construidos más de 5.300 kilómetros de canales, a lo que pronto se le sumó el ferrocarril que para aquella época tenía una cantidad similar de kilómetros de vía.[31] Estas inversiones en infraestructuras fueron realizadas por el gobierno federal en colaboración con empresas privadas lo que alimentó el proceso industrializador que estaba en marcha en el Norte.

Las tarifas arancelarias para proteger la industria y proveer de ingresos al gobierno federal, las inversiones federales en infraestructuras, la existencia de un banco central para facilitar el comercio y monetizar la economía, y los precios elevados en la venta de tierras públicas constituyeron los principales pilares del American system promovido por Henry Clay y otros elementos del partido nacional republicano.[32] Pero esto iba en claro perjuicio de los intereses de las oligarquías sureñas al dificultar su acceso a los mercados internacionales y a las manufacturas europeas, quienes, a su vez, estaban ideológicamente comprometidas con un modelo de Estado confederal que les llevó a afirmar que el gobierno de los EEUU, con estas actuaciones, había asumido unos poderes ilegales.

 

Desequilibrios internos

 

El desarrollo industrial, social y económico de EEUU para que pudiera desempeñar un papel protagonista en la esfera internacional exigía una redistribución interna del poder en beneficio del gobierno federal, y consecuentemente la pérdida de muchas de las prerrogativas que todavía conservaban los Estados. Esto se combinó, como hemos indicado antes, con las condiciones socioeconómicas tan dispares entre un Norte industrial y comercial, y un Sur rural y agrícola. Asimismo, los proyectos políticos contradictorios de las elites estadounidenses ahondaron las querellas constitucionales acerca de los derechos de los Estados, las prerrogativas del gobierno federal y convirtieron las instituciones nacionales en un espacio de poder en el que se produjo una lucha política entre las elites sureñas y las norteñas. De este modo, mientras las elites sureñas controlaron el gobierno federal la tendencia general fue a un estancamiento político y social, mientras que en el momento en el que las elites norteñas se hicieron con el control de la política federal la conflictividad política con el Sur se agudizó, todo ello como resultado de la puesta en marcha de políticas federales que eran lesivas para los intereses de los Estados del Sur.

A grandes rasgos puede decirse que diferentes ejes de conflicto se superpusieron en el desarrollo histórico de los acontecimientos que finalmente desembocaron a la guerra de secesión, y que todos ellos, de un modo combinado, contribuyeron a empujar estos mismos acontecimientos en la misma dirección. Se trata, en suma, de un conjunto de desequilibrios internos que se manifestaron en una creciente inestabilidad política y, más tarde, también social. En lo que a esto se refiere no sólo nos encontramos con la problemática que existía entre el campo y la ciudad que se reflejó en esa disparidad social y económica entre el Norte y el Sur, sino que además de esto observamos otros desequilibrios internos ligados al propio desarrollo político de EEUU como es, por ejemplo, con la administración de los territorios del Oeste, la inmigración recibida de Europa y otros lugares del mundo, la estabilización cultural del Sur con la aparición de una identidad específica diferenciada de la del Norte, y, como hemos dicho antes, la lucha política de las elites en el seno de las instituciones federales.

Si la contradicción entre el campo y la ciudad ha quedado en cierta medida reflejada con lo comentado antes en relación a las diferencias socioeconómicas entre el Sur y el Norte, a continuación vamos a comentar la problemática ligada al desequilibrio interno que produjo la incorporación de los territorios del Oeste a la Unión. En cuanto a esto cabe apuntar que la expansión estadounidense para alcanzar el Pacífico respondió a exigencias estratégicas para impedir que fuesen potencias europeas, como Gran Bretaña, las que ocupasen un espacio que daría acceso a las rutas comerciales con Asia oriental. Pero la expansión en el Oeste respondió sobre todo al hecho de que si EEUU quería ser una potencia internacional en pie de igualdad frente a las restantes potencias del momento debía extenderse por Norteamérica, desde el Atlántico hasta el Pacífico, y dotarse al mismo tiempo de una esfera de influencia propia sobre el conjunto del continente americano, como así fue explicitado por la Doctrina Monroe en 1823.[33]

Sin embargo, la expansión estadounidense en el Oeste no estuvo exenta de importantes complicaciones que se manifestaron en el clima político que se vivía a nivel federal. Esto es, por lo menos, lo que sucedió a la hora de definir la administración de estos territorios y establecer el modo en el que serían organizados políticamente, lo que condujo inevitablemente a diferentes enfrentamientos entre las elites sureñas y norteñas en torno a su gestión. Así, cada una de las facciones políticas intentó sacar partido de esta expansión para atraer a los nuevos Estados que aparecieron en el Oeste a su propia esfera de influencia. Los conflictos fueron numerosos debido a que inicialmente estuvieron bajo jurisdicción federal, lo que no impidió que se produjeran diferentes enfrentamientos de índole constitucional en torno a su gestión, la formación de nuevos Estados, conflictos jurisdiccionales y la salvaguardia de los derechos establecidos en la constitución estadounidense.

Por otro lado la situación en el Oeste albergaba otro tipo de complicaciones nada desdeñables. Nos referimos más concretamente los asentamientos de la frontera que se habían llevado a cabo fuera del control gubernamental, lo cual generaba la posibilidad de que desarrollasen intereses distintos de los de la Unión. Este temor se veía acrecentado por el hecho de que eran comunidades autogobernadas, orientadas hacia el autoabastecimiento, y que por todo ello constituían una potencial amenaza para la consolidación política y económica de la nueva nación, así como para la expansión territorial en curso.[34] Así las cosas, mientras los pobladores de la frontera no fuesen una fuerza social y política al servicio del proyecto colonizador del gobierno federal para los territorios del Oeste, representaban una fuente de incertidumbre y preocupación para los gobernantes. Esto fue utilizado por las elites sureñas y norteñas con el propósito de vincular estos espacios a sus respectivas esferas de influencia.

Por otra parte no hay que olvidar que el Norte creció poblacionalmente de un modo más rápido que el Sur a causa de la creciente inmigración que arribaba a EEUU procedente sobre todo de Europa, pero también de otras regiones del planeta. Con la progresiva colonización del Oeste muchos de estos inmigrantes se asentaron en los nuevos Estados que fueron creándose en los territorios adquiridos por el gobierno federal, al mismo tiempo que creció la representación política en el Congreso de los distritos electorales ubicados en los Estados norteños. Esto significó una amenaza para la hegemonía que durante las primeras décadas del s. XIX habían ostentado las fuerzas sureñas debido a la sobrerrepresentación que históricamente habían tenido en el gobierno federal. Esta situación tenía su origen en el compromiso de los tres quintos adoptado en 1787, y que establecía cómo debían ser contados los esclavos para determinar la población total del Estado para computar la representación legislativa y el establecimiento de impuestos. Este acuerdo era importante porque determinaba el número de escaños de cada Estado en el congreso de los EEUU. Esto hizo que los intereses de los Estados del Sur, y más concretamente los de sus oligarquías dirigentes, dominasen el gobierno federal durante las primeras décadas del s. XIX.[35] Aunque el acuerdo permitió mantener cierto equilibrio entre el Norte y el Sur con el tiempo no tardó en romperse, lo que se debió, como decimos, al rápido crecimiento poblacional del Norte por efecto de la inmigración así como por la incorporación de nuevos Estados. Cuando los Estados del Sur fueron desplazados por los del Norte en el congreso de los EEUU al mismo tiempo que sus intereses eran excluidos dentro de la Unión es cuando decidieron secesionarse.

 

Mapa de EEUU en 1861. En azul los Estados de la Unión, en amarillo los Estados de la Unión que permitían la esclavitud, en gris los territorios bajo administración federal, y en rojo los Estados secesionados.

 

Todo lo anterior provocó, entonces, un desequilibrio geopolítico entre el Norte y el Sur que se manifestó en el alineamiento de los diferentes Estados del Oeste en las esferas de influencia de los Estados sureños y norteños, así como de sus respectivas elites políticas. En lo que a esto respecta el Sur perdió la carrera en su expansión hacia el Oeste en la medida en que el Norte llegó antes al Pacífico y consiguió cortarle el paso, lo que le permitió ligar a los Estados allí creados a los intereses de los principales Estados norteños. Esto hizo que el Norte contase al mismo tiempo con más Estados y más población que el Sur, pero que además de eso dispusiera de mayores recursos al abarcar una superficie territorial superior, además de tener acceso a una serie de rutas de comunicaciones, tanto internas como externas, que le dotaron de una ventaja estratégica. Por el contrario, el Sur quedó cercado por el Norte y el Oeste, siendo su principal conexión exterior las rutas marítimas con Europa que, durante la guerra, fueron cortadas mediante un bloqueo naval de las fuerzas unionistas.

Cartel caricaturesco del plan Anaconda, el bloqueo naval al que fue sometida la Confederación por la Unión.

Además de lo hasta ahora expuesto nos encontramos con otro hecho de no menor importancia como es la estabilización cultural del Sur. Con esto nos referimos a que el Sur no recibió los flujos de inmigración que, sin embargo, sí recibió el Norte, lo que propició unas condiciones favorables para el desarrollo de una cultura y de una identidad claramente diferenciada. En cierto modo puede decirse que las diferencias geográficas, económicas, políticas e ideológicas entre el Norte y el Sur no tardaron en cristalizar en identidades nacionales distintas. En el Sur se desarrolló una cultura arraigada en el mundo rural y agrícola, vinculada a valores tradicionales y de carácter aristocrático, lo que originó un profundo nacionalismo sureño que en gran medida fue ampliamente cultivado en las primeras décadas del s. XIX. Por esta razón puede decirse que en el periodo de la anteguerra convivieron en EEUU dos naciones diferenciadas dentro de una misma comunidad política, de modo que la identidad sureña constituyó un elemento más que contribuyó a los desequilibrios internos ya existentes. Consecuentemente, la aparición de un nacionalismo sureño explica que la causa confederada tuviera inicialmente un importante y considerable apoyo popular que desató el entusiasmo de la población blanca del Sur.

De lo anterior se deduce, entonces, que sea más acertado hablar de una guerra de secesión en la medida en que en EEUU en 1861 existían dos naciones diferentes dentro de una misma comunidad política, de manera que la guerra resultó ser un conflicto armado entre ambas producido por la separación de los Estados del Sur para crear su propia confederación. Esto es lo que explica que, por el contrario, la noción de guerra civil americana o de los EEUU sea desacertada debido a que no tiene en cuenta esta realidad cultural e identitaria que fue un factor más en la eventual desintegración de la Unión.

 

Antecedentes de la guerra de secesión

 

Como consecuencia de estos desequilibrios políticos, sociales, económicos y, en definitiva, geopolíticos entre el Norte y el Sur encontramos el principal antecedente histórico de la guerra civil americana en la crisis de la anulación en Carolina del Sur. Con motivo de los altos impuestos aduaneros establecidos en 1828 con la llamada “tarifa de las abominaciones”, además de las que se aprobaron en 1832, unido todo ello a la crisis económica que se produjo en la década de los 20 de aquel mismo siglo en Carolina del Sur, llevó a que este Estado declarase dichas tarifas nulas y sin aplicación en su territorio al considerarlas inconstitucionales. Esto provocó una escalada de tensiones entre este Estado y el gobierno federal, hasta el punto de que las autoridades de Carolina del Sur se prepararon militarmente ante un eventual choque armado con las tropas federales,[36] al mismo tiempo que el congreso de los EEUU autorizaba al presidente Andrew Jackson a utilizar fuerzas militares contra este Estado. El presidente envió barcos de guerra al puerto de Charleston y amenazó con ahorcar a cualquiera que apoyase la anulación de las leyes federales o la secesión de Carolina del Sur. Finalmente se llegó a un compromiso que permitió el establecimiento de una nueva tarifa aduanera que resultaba aceptable para Carolina del Sur lo que le llevó a revocar la orden de anulación, no sin que tres días después de hacerlo, y como gesto simbólico en el mantenimiento de sus principios, procediese a la anulación de la ley aprobada por el congreso de los EEUU para restablecer por la fuerza el cumplimiento de las leyes federales en aquel Estado.

Andrew Jackson, presidente de EEUU

La anulación efectuada por Carolina del Sur se basó en las resoluciones de Kentucky y Virginia de finales del s. XVIII por las que un Estado estaba facultado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el congreso de los EEUU, y en su caso anularlas en el territorio de su jurisdicción. En este caso concreto la decepción de las elites de este Estado con la administración de Jackson, que finalmente no revocó ni redujo la tarifa de las abominaciones,[37] hizo que se remitieran a las resoluciones citadas y que en Washington D. C. se produjera una división entre el propio presidente y el vicepresidente, John C. Calhoun, quien proponía una teoría constitucional de la nulidad.[38] De hecho, el propio Calhoun había redactado ya en 1828 un documento de protesta contra la mencionada tarifa en el que afirmaba que si esta no era revocada Carolina del Sur se separaría de la Unión. A diferencia de lo dicho por Thomas Jefferson y James Madison en las resoluciones de Kentucky y Virginia, Calhoun no sólo defendía la anulación en el territorio de un Estado de aquellas leyes o actos que fuesen inconstitucionales, sino que también argumentaba a favor del derecho de los Estados a separarse de la Unión como último recurso para proteger su libertad y soberanía. Inevitablemente todo esto era el reflejo de los conflictos que se desarrollaron en torno a la naturaleza de la Unión y la distribución del poder entre el gobierno federal y los diferentes Estados, lo que en la práctica hizo que esta cuestión fuese el más penetrante y preocupante desacuerdo político e ideológico de los EEUU hasta la guerra civil e incluso después de esta.[39]

Vicepresidente John Calhoun. Tuvo una mala relación con el presidente Jackson.

La constitución de los EEUU creó un gobierno nacional cuya autoridad se ejerció desde entonces de forma directa sobre los individuos, al mismo tiempo que negaba a los Estados muchas de las prerrogativas que habían disfrutado con anterioridad, y dejaba abierta la puerta para que el gobierno central reclamase como propios aquellos poderes que no le estaban asignados expresamente en la constitución. El resultado no fue otro que el robustecimiento del gobierno federal a expensas de los Estados.[40] En este contexto la esclavitud no fue una causa decisiva para desencadenar la guerra civil a la luz de los intensos y agrios debates políticos y constitucionales que se produjeron las décadas previas a su estallido. Tanto es así que el propio presidente Andrew Jackson escribió en relación a la crisis de la anulación que “la tarifa sólo fue un pretexto, la desunión y la confederación sureña es el objetivo real. El próximo pretexto será el negro, o la cuestión de la esclavitud”.[41] La crisis de 1833 únicamente fue un episodio más de los muchos que contribuirían a provocar la guerra civil, pero en este caso concreto cabe decir que su importancia sirvió para el posterior desarrollo del pensamiento secesionista

A la luz de lo hasta ahora expuesto puede afirmarse que el presidente Jackson tuvo mucha razón en su predicción, y que la esclavitud sólo fue un pretexto de los Estados del Sur para secesionarse en la medida en que no podían garantizar sus derechos, esto es, su autonomía dentro de la Unión y, por tanto, su soberanía para autogobernarse sin injerencias del gobierno federal. Y por otro lado porque la secesión fue, en definitiva, la respuesta política que adoptaron las elites sureñas como resultado de haberse visto desplazadas de la esfera federal, y que sus intereses hubieran dejado de ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones en lo que a la política federal se refiere.

Aunque la crisis de la anulación fue el momento en el que EEUU estuvo más cerca de una guerra interna, y de que uno de sus Estados decidiera definitivamente secesionarse, lo cierto es que hubo otras situaciones de especial tensión que pueden ser consideradas el reflejo de esa conflictividad latente entre el Norte y el Sur. Se trata de acontecimientos que, además, muestran cómo el Norte trató de alcanzar un compromiso con el Sur para mantener la integridad territorial de la Unión cuando fue tocada la cuestión de la esclavitud. Esto viene a demostrar que la esclavitud no fue un factor decisivo para el desencadenamiento de la guerra, sino a lo sumo un factor detonante de la misma en la medida en que para los Estados sureños cualquier intento de ser regulada por el gobierno federal era considerado un menoscabo de su soberanía y autogobierno. Esto es lo ocurrido, por ejemplo, en relación a la gestión de los territorios del Oeste con el compromiso de Missouri de 1820. Por medio de este acuerdo fue admitida la práctica de la esclavitud en los territorios adquiridos en el Oeste, mientras que dicha institución quedó excluida al Norte del paralelo 36 de la antigua Luisiana a excepción del Estado de Missouri. A diferencia de lo que suele decirse este acuerdo fue el que marcó de una forma decisiva el desequilibrio geopolítico entre el Norte y el Sur, pues gracias al compromiso adoptado el Norte consiguió atraer a su órbita de influencia la mayor parte de los territorios occidentales, mientras que el Sur quedó en una posición de inferioridad en términos territoriales y poblacionales, además de quedar fuera del acceso a las rutas comerciales con Asia.

Por otro lado hay que destacar que el Norte alcanzó diferentes compromisos con el Sur en lo que a la esclavitud se refiere, además del ya mencionado. Nos referimos concretamente a la ley de esclavos fugitivos de 1850 que establecía la colaboración entre el Norte y el Sur para la devolución a sus propietarios de aquellos esclavos fugitivos que se hubieran refugiado en los Estados del Norte. Al fin y al cabo no puede olvidarse que la constitución estadounidense reconocía la esclavitud, y que por ello tenía la máxima garantía jurídica posible. Pero a esto hay que sumar, también, la sentencia del tribunal supremo de EEUU en 1857 en el caso de Dred Scott contra Sandford en la que anuló la decisión del congreso de EEUU sobre el acuerdo de Missouri al considerarla inconstitucional, de forma que la esclavitud pasó a estar permitida en los territorios adquiridos.

 

Conclusiones

 

La principal conclusión que podemos extraer de todo lo hasta ahora expuesto es que las causas de la guerra de secesión son múltiples y variadas, pero que en lo más fundamental esta contienda fue el resultado de la combinación de una serie de desacuerdos en el seno de la elite estadounidense acerca de la naturaleza constitucional de la Unión y del proyecto nacional que contemplaban en cada caso. Todo esto estuvo ligado, a su vez, a las condiciones de desequilibrio social, económico, cultural y geopolítico de EEUU que en gran medida operaron como factores que alimentaron la inestabilidad y empujaron los acontecimientos hacia el enfrentamiento armado entre el Norte y el Sur.

La vulnerabilidad internacional de EEUU evidenciada tras la derrota en la guerra de 1812, así como los conflictos constitucionales que se venían arrastrando en torno a la distribución del poder entre los Estados y el gobierno federal, únicamente contribuyeron a que las tendencias centrípetas en el seno de las instituciones federales se afianzaran a medida que fue desarrollada la constitución. Como consecuencia de esto el proyecto centralizador dirigido a establecer un gobierno con autoridad sobre los Estados, y de este modo disponer de los mecanismos precisos para movilizar los recursos necesarios con los que garantizar la existencia y seguridad del país frente a posibles enemigos internos y externos, terminó imponiéndose. Esto fue conseguido a expensas de desplazar a las elites sureñas de las instituciones federales, laminar el poder de los Estados y marginar los intereses del Sur. Al fin y al cabo EEUU no podía convertirse en una potencia imperialista si no contaba con un gobierno fuerte que facilitase la industrialización, las obras de infraestructuras y comunicaciones precisas, que estableciese un banco central que reuniese todo el crédito nacional, y que, en definitiva, se dotase del poder económico preciso para apuntalar su poder militar en la arena internacional de cara a jugar un papel relevante, en clave imperialista, en el concierto de las naciones. Como resultado de todo esto el Sur decidió secesionarse en la medida en que no encontró en la Unión el modo de salvaguardar sus intereses y los derechos de los Estados, lo que se inscribía, tal y como hemos explicado, en el marco de un proyecto nacional que concebía la Unión como una confederación de Estados en la que debía predominar el gobierno local, la descentralización, el libre comercio y el “hard money”.

Así pues, unos conflictos de orden constitucional que tenían sus antecedentes en la fundación misma del país, y que obedecían a proyectos nacionales dispares, se entrelazaron con otros conflictos relacionados con las condiciones socioeconómicas, históricas, geopolíticas e internacionales del momento para, finalmente, conducir a una cruenta guerra. Todo esto pone en tela de juicio el relato oficial que afirma que fue la esclavitud el motivo por el que se produjo la contienda, entre un Norte abolicionista y un Sur esclavista. Pero los hechos contradicen este relato, pues en marzo de 1861, antes del estallido de la guerra, la enmienda Corwin fue presentada en el congreso de EEUU para proteger la esclavitud y, así, conseguir la reintegración de los Estados del Sur en la Unión. De hecho, esta enmienda fue aprobada por el Congreso y durante la guerra al menos 5 Estados de la Unión la ratificaron. El propio Lincoln, en su discurso de investidura, manifestó que no tenía ninguna objeción a la misma.[42]

Enmienda Corwin

Lo anterior explica, también, que no fuese hasta prácticamente el final de la contienda, cuando ya era muy evidente que iba a producirse la derrota definitiva del Sur, cuando fue aprobada la decimotercera enmienda que abolió la esclavitud. Esta decisión fue tomada aún a pesar del propio Lincoln, quien durante la propia campaña electoral que le había llevado a la presidencia había manifestado que no tenía intención alguna de abolir dicha institución.[43] La razón que explica esta decisión es el hecho de que para entonces ya era obvio que no era factible conseguir la reintegración de los Estados del Sur, y que consecuentemente la oligarquía sureña no tenía ninguna intención de dar su brazo a torcer. De esta forma, y a la vista de que la guerra estaba ganada, era preciso minar las bases del poder económico y político de las elites del Sur, lo que inevitablemente significaba abolir la esclavitud y en la medida de lo posible alentar los desórdenes sociales en la retaguardia confederada. No hay que olvidar que en los Estados del Sur era preceptivo detentar cierto nivel de riqueza para ocupar un cargo político o funcionarial, lo que pasaba necesariamente por ser propietario de esclavos.

Puede concluirse, entonces, que la esclavitud tuvo un papel secundario en el curso del desarrollo de las causas que provocaron la guerra de secesión americana. Como decimos, las principales y más profundas causas de esta sangrienta contienda fueron de carácter constitucional, y giraron en torno al conflicto que se produjo en el seno de la elite política estadounidense entre diferentes facciones que defendían distintos modelos de Estado y, por tanto, diferentes proyectos nacionales. Si EEUU aspiraba a ser una potencia imperial necesitaba modernizarse e industrializarse, lo que exigía un proceso de concentración y centralización del poder y de los recursos nacionales en manos de un gobierno central fuerte que se construiría a expensas de la soberanía de los Estados. Esto chocó frontalmente con las elites sureñas al no beneficiarse ni de la industrialización ni de la modernización, además de estar comprometidas con un modelo de Estado confederal que en términos políticos y estratégicos era incompatible con las pretensiones de las elites de los Estados del Norte. A partir de esta contradicción política fundamental se desarrollaron los acontecimientos que finalmente desembocaron en la guerra.

Notas:

[1] Foucault, Michel, Un diálogo sobre el poder, Barcelona, Altaya, 1995, p. 143

[2] Mann, Michael, Las fuentes del poder social, Madrid, Alianza, 1997, Vol. 2, pp. 190-194

[3] Pole, Jack, Political Representation in England and the Origins of the American Republic, Londres, Macmillan, 1966, p. 503

[4] Palmer, Robert, The Age of the Democratic Revolutions, Princeton, Princeton University Press, 1959, Vol. 1, p. 190

[5] Beeman, Richard, Plain Honest Men: The Making of the American Constitution, Nueva York, Random House, 2009, p. 64

[6] Ketcham, Ralph, “Antifederalist Essays and Speeches”, en Stephen L. Schechter (ed.), Roots of the Republic: American Founding Documents Interpreted, Lanham, Rowman & Littlefield, 1990, p. 383

[7] Henry, Patrick, “Patrick Henry Speech in Virginia Ratifying Convention”, en Stephen L. Schechter (ed.), Roots of the Republic: American Founding Documents Interpreted, Lanham, Rowman & Littlefield, 1990, pp. 391-396

[8] U. S. Department of State, Documentary History of the Constitution, Washington D. C., Department of State, 1894, Vol. 2, p. 145

[9] Beeman, Richard, Op. Cit., N. 5, p. 343

[10] Rakove, Jack N., Original Meanings. Politics and Ideas in the Making of the Constitution, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1996, p. 327

[11] Stewart, David O., The Summer of 1787. The Men Who Invented the Constitution, Nueva York, Simon and Schuster, 2007, p. 226

[12] Storing, Herbert J. (ed.), The Complete Anti-Federalist, Chicago, University of Chicago Press, 2008

[13] Labunski, Richard E.: James Madison and the struggle for the Bill of Rights, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 62

[14] Maier, Pauline, Ratification: The People Debate the Constitution, 1787–1788, Nueva York, Simon and Schuster, 2010, p. 431

[15] Brookhiser, Richard: James Madison, Nueva York, Basic Books, 2011, p. 80

[16] Chemerinsky, Erwin, Constitutional Law Principles and Policies, Nueva York, Aspen Publishers, 2006. Ellis, Richard, Aggressive Nationalism: McCulloch v. Maryland and the Foundation of Federal Authority in the Young Republic, Nueva York, Oxford University Press, 2007. Killenbeck, Mark, McCulloch V. Maryland: Securing a Nation, Lawrence, University Press of Kansas, 2006. Ellis, Jean E., John Marshall: Definer Of A Nation, Nueva York, Henry Holt & Company, 1996. Tushnet, Mark, I dissent: Great Opposing Opinions in Landmark Supreme Court Cases, Boston, Beacon Press, 2008, pp. 17-30

[17] Ortega y Gasset, José, La rebelión de las masas, Barcelona, Espasa, 2016

[18] Knott, Stephen F., Alexander Hamilton and the Persistence of Myth, Lawrence, University of Kansas, 2002, p. 48

[19] Powell, H. Jefferson, “The Principles of ’98: An Essay in Historical Retrieval” en Virginia Law Review Vol. 80, Nº 3, 1994, pp. 689-743

[20] Madison, James: “Federal v. Consolidated Government: James Madison, Report on the Virginia Resolutions”, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch8s42.html (Consultado el 21 de marzo de 2016)

[21] Jeremy, David J., Transatlantic Industrial Revolution: The Diffusion of Textile Technologies between Britain and America, 1790-1830s, Cambridge, MIT Press, 1981

[22] Sokoloff, Kenneth L., “Invention, Innovation, and Manufacturing Productivity Growth in the Antebellum Northeast” en Gallman, Robert E. y John J. Walls (eds.), American Economic Growth and Standards of Living before the Civil War, Chicago, University of Chicago Press, 1992, pp. 345-378. Sokoloff, Kenneth L., “Productivity Growth in Manufacturing during Early Industrialization: Evidence from the American Northeast, 1820-1860” en Engerman, Stanley E. y Robert E. Gallman (eds.), Long-Term Factors in American Economic Growth, Chicago, University of Chicago Press, 1986, pp. 679-729. Weiss, Thomas, “Economic Growth before 1860: Revised Conjectures” Weiss, Thomas y Donald Schaefer (eds.), American Economic Development in Historical Perspective, Stanford, Stanford University Press, 1994, pp. 11-27

[23] Bodenhorn, Howard, A History of Banking in Antebellum America: Financial Markets and Economic Development in an Era of Nation-Building, Nueva York, Cambridge University Press, 2000

[24] Varon, Elizabeth R., Disunion!: The coming of the American Civil War, 1789–1859, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2008, pp. 91-92. Freehling, William W., “Spoilsmen and Interests in the Thought and Career of John C. Calhoun” en The Journal of American History Vol. 52, Nº 1, 1965, pp. 25-26

[25] Miller, John C., The Federalist Era: 1789–1801, Nueva York, Harper & Row, 1960

[26] Lively, Robert A., “The American System, a Review Article” en Business History Review Vol. 29, Nº 1, 1955, pp 81-96. Dorfman, Joseph, The Economic Mind in American Civilization, 1606-1865, London, Harrap, 1947. Foner, Eric, Free Soil, Free Labor, Free Men: The Ideology of the Republican Party before the Civil War, Nueva York, Oxford University Press, 1970. Remini, Robert V., Henry Clay: Statesman for the Union, Nueva York, Norton, 1991. Stanwood, Edward, American Tariff Controversies in the 19th Century, Westminster, A. Constable & Co., 1904

[27] Stanwood, Edward, American Tariff Controversies in the 19th Century, Westminster, A. Constable & Co., 1904

[28] Goodrich, Carter, Government Promotion of American Canals and Railroads, 1800-1890, Nueva York, Columbia University Press, 1960. Goodrich, Carter, “American Development Policy: the Case of Internal Improvements” en Journal of Economic History Vol. 16, Nº 4, 1956, pp. 449-460. Ídem, “National Planning of Internal Improvements” en Political Science Quarterly Vol. 63, Nº 1, 1948, pp. 16-44. Barker, Theo y Dorian Gerhold, The Rise and Rise of Road Transport, 1700-1990, Nueva York, Cambridge University Press, 1995. Durrenberger, Joseph A., Turnpikes: A Study of the Toll Road Movement in the Middle Atlantic States and Maryland, Cos Cob, John E. Edwards, 1968. Ransom, Roger L., “Interregional Canals and Economic Specialization in the Antebellum United States” en Explorations in Entrepreneurial History Vol. 5, Nº 1, 1967, pp. 12-35. Wood, Frederic J., The Turnpikes of New England, Boston, Marshall Jones, 1919

[29] Gallatin, Albert, Report on the Subject of Public Roads and Canals, Washington, R. C. Weightman, 1808

[30] Hargreaves, Mary W. M., The Presidency of John Quincy Adams, Lawrence, University Press of Kansas, 1985

[31] Cowan, Ruth S., A Social History of American Technology, Nueva York, Oxford University Press, 1997, pp. 104, 115-117. Taylor, George R., The Transportation Revolution, 1815–1860, Nueva York, Rinehart & Co., 1951

[32] Lively, Robert A., “The American System, a Review Article” en Business History Review Vol. 29, Nº 1, 1955, pp. 81-96. Dorfman, Joseph, The Economic Mind in American Civilization, 1606-1865, Londres, Harrap, 1947. Foner, Eric, Free Soil, Free Labor, Free Men: The Ideology of the Republican Party before the Civil War, Nueva York, Oxford University Press, 1970. Remini, Robert V., Henry Clay: Statesman for the Union, Nueva York, Norton, 1991

[33] Todo esto estaba unido, a su vez, a la noción que se desarrollo en torno al llamado “Destino Manifiesto”, y que era una manera de sintetizar las aspiraciones expansionistas de EEUU bajo la expresión de una supuesta misión histórica evidente en sí misma para extender su modelo político al resto del mundo, lo que pasaba a nivel inmediato por apropiarse de los territorios del Oeste y enfrentarse a los pueblos indios nativos. Sobre el Destino Manifiesto y su dimensión geopolítica consultar Ó Tuathail, Gearóid: “Manifest Destiny” en O’Loughlin, John (ed.): Dictionary of Geopolitics, Westport, Greenwood Press, 1994, pp. 158-159

[34] Sobre las comunidades de frontera consultar Nelson, Dana D., Democracia común. La política de participación en los primeros Estados Unidos, San Cristóbal de La Laguna, Potlatch, 2019

[35] Wills, Garry, “Negro President”: Jefferson and the Slave Power, Boston, Houghton Mifflin, 2003, pp. 5-6

[36] Freehling, William W., Prelude to Civil War: The Nullification Crisis in South Carolina 1816-1836, Nueva York, Harper & Row, 1976

[37] Remini, Robert V., Andrew Jackson and the Course of American Freedom, 1822-1832, Nueva York, Harper & Row, 1981, Vol. 2, pp. 136-137

[38] Craven, Avery, The Coming of the Civil War, Nueva York, Charles Scribner’s Sons, 1942, p. 65. Niven, John, John C. Calhoun and the Price of Union: A Biography, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1988, pp. 135-137. Coit, Margaret L., John C. Calhoun: American Portrait, Boston, Houghton Mifflin Co., 1950, pp. 150-151. Calhoun, John C., A Disquisition on Government, Nueva York, P. Smith, 1943. Ídem, A Disquisition on Government and A Discourse on the Constitution and Government of the United States, Charleston, Steam Power Press of Walker & James, 1851

[39] Mcdonald, Forrest, States’ Rights and the Union: Imperium in Imperio 1776-1876, Lawrence, University Press of Kansas, 2000, p. vii

[40] Ellis, Richard E.: The Union at Risk: Jacksonian Democracy, States’ Rights, and the Nullification Crisis, Oxford, Oxford University Press, 1987

[41] Meacham, Jon, American Lion: Andrew Jackson in the White House, New York, Random House, 2009, p. 247. Jackson, Andrew, Correspondence of Andrew Jackson, 1833-1838, Washington D. C., Carnegie Institution of Washington, 1931, Vol. 5, p. 72

[42] “Abraham Lincoln: First Inaugural Address” https://www.bartleby.com/124/pres31.html Consultado el 7 de diciembre de 2019

[43] No olvidemos que Lincoln sentía un gran desprecio hacia los negros, hecho que es notablemente conocido por sus biógrafos.